Los candados cierran rejas pero no sellan las rendijas por donde los programas sociales de modo natural operan en la lógica inevitable de apoyo-lealtad electoral. Dos casos podrían ilustrar el esfuerzo poco útil del addendum al Pacto por México en materia de uso electoral de programas sociales y aportar elementos para una solución real al problema:

1.- En las elecciones municipales en la ciudad capital de Oaxaca, el candidato nada menos que del PAN fue el director de Desarrollo Social del Municipio, Francisco Reyes. Y se trata del aspirante del PAN, el partido que intentó reventar el Pacto por México con denuncias escandalosas sobre presuntas operaciones priístas de uso de programas sociales para beneficio electoral. Como titular de los programas sociales en el municipio, Reyes evidentemente que aprovechó el cargo para construir una candidatura. De ser coherente --para no decir honestos o morales--, la dirección nacional del PAN debió de haberse opuesto a esa candidatura porque se hizo al más puro estilo del viejo PRI y porque hubo ahí un uso electoral de programas sociales.

En Puebla, el candidato a la ciudad capital por la coalición PAN-PRD y la chiquillería aliada fue el secretario de Infraestructura del gobierno aliancista de Rafael Moreno Valle, Antonio Gali. En el último año, Gali utilizó su cargo público para promocionarse y con ello pervertir la función pública porque mucha obra urbana fue realizada sólo para ganar votos. El gobernador Moreno Valle, quien se ha convertido en el interlocutor panista del gobierno federal priísta por encima de Gustavo Madero y otros líderes panistas, es considerado en Puebla como el jefe de la campaña de Gali, con el consecuente uso de programas públicos para tareas electorales. De nuevo el PAN quedó atrapado en sus revalidados vicios priístas.

Y peor aún: analistas poblanos han insistido en la forma en que los gobernadores aliancistas --sobre todo los de Puebla y Oaxaca-- usaron su formación priísta para quitarle al PRI el control de los órganos electorales estatales y poner ahí a sus incondicionales. Por tanto, en muchas plazas los gobernadores de los tres partidos pervirtieron la estructura del IFE y localmente crearon una caricatura de la vieja Comisión Electoral que dependía del ejecutivo federal. De ser coherentes, el PAN y el PRD deberían de adelantar la propuesta de desaparecer los IFE locales y municipales y aprobar urgentemente un Instituto Nacional de Elecciones que no dependa del poder de los gobernadores.

De ahí que el uso de los programas sociales con fines electorales es apenas uno de los temas de la incipiente democracia; el PAN y el PRD deberían atender más al hecho de que funcionarios que tienen que ver con programas u obras públicas no salten a candidaturas. No debe olvidarse que en el DF Marcelo Ebrard brincó de la Secretaría de Desarrollo Social a candidato a jefe de gobierno impuesto por el saliente jefe de gobierno capitalino López Obrador. Y en Oaxaca y Puebla, dos candidatos del PAN van a usar su paso por cargos de programas sociales y de obra pública como una ventaja respecto a sus adversarios.

2.- En este contexto, un verdadero addendum al Pacto por México debería ir más allá de la suspensión de programas 45 días antes de las elecciones porque no existen presupuestos para adelantar apoyos y causarán con ello severo daño a los beneficiarios de esos programas.

Si deveras el PAN y el PRD quisieran ser coherentes con el escándalo que armaron a propósito de sus denuncias contra delegados de desarrollo social, entonces deberían primero prohibir que funcionarios de las áreas de desarrollo social y obra pública pudieran ser candidatos automáticos a cargos de elección popular en las elecciones locales que se realizarán este año porque ha sido muy evidente que esos candidatos usaron sus cargos para forjarse apoyos a partir de la aplicación de programas sociales. En el DF varios candidatos perredistas a jefes delegacionales salieron de las áreas de desarrollo social. Es decir, que los programas sociales fueron usados impunemente para perfilar candidaturas.

Y en función de la especialidad y delicadeza que presentan los cargos que tienen que ver con programas sociales y obras públicas, el PAN y el PRD deberían incluir en el Pacto la prohibición para que funcionarios de áreas de gasto social y obras públicas no sean candidatos si no renuncian cuando menos tres años antes a sus tareas. Para nadie es un secreto que todo funcionario de desarrollo social u obra pública en cualquiera de los tres niveles e inclusive como delegados se apropian del padrón de beneficiarios y luego deciden nuevos programas con el fin de forjarse un conocimiento social que los lleve a candidaturas.

El punto central es que el mecanismo de uso de cargos en desarrollo social y obras públicas representa un conflicto de intereses con las intenciones políticas. Al fundarse la Secretaría de Desarrollo Social en 1992, varios delegados estatales de esa dependencia --ejemplos: Tamaulipas y Coahuila-- saltaron en automático de ese cargo social a la candidatura a gobernador, con la catapulta de las nuevas oficinas de desarrollo social.

En el fondo, los dos ejemplos sólo ilustran la sobrevivencia y funcionamiento real del viejo régimen político priísta y colocan al PAN y al PRD y a algunos grupos del PRI con nuevas ideas ante la urgencia de reformar el sistema político en puntos donde el pasado institucional priísta sigue vigente paradójicamente en tareas políticas panistas y perredistas.

El escándalo estallado hace un par de semanas quedará en mera anécdota nada funcional si el PAN, el PRD y el PRI no deciden ir a fondo en las reformas que impidan de alguna manera los programas sociales y las obras públicas sirvan sólo para forjar candidaturas y ganar elecciones.